La información sitúa en primer plano el valor probatorio del trabajo del detective privado y la necesidad de actuar siempre dentro de límites estrictos de legalidad y proporcionalidad.
EL PAÍS publicó el 19 de julio de 2026 una pieza centrada en la posibilidad de contratar detectives privados para investigar bajas laborales sospechosas y en los límites jurídicos que deben respetarse en este tipo de actuaciones.
La información subraya que la intervención del detective privado solo resulta válida cuando existe una justificación proporcionada, un encargo legítimo y una planificación ajustada al marco legal, evitando cualquier vulneración de derechos fundamentales o intromisión en espacios reservados.
En ese contexto, la noticia incorpora la visión de Antonio Labrador, presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, quien recuerda que la actividad del detective se encuentra regulada por la normativa de seguridad privada y que el respeto a la legalidad es una condición esencial para la validez de la prueba obtenida.
La aparición de la APDPE en un medio de referencia nacional refuerza la visibilidad pública de la profesión y contribuye a trasladar una imagen rigurosa, técnica y jurídicamente solvente del trabajo desarrollado por los detectives privados.